Desde mediados de los años ’90 del siglo pasado (en el entorno europeo occidental en buena medida debido al impulso dado por diversas Directivas de la UE y a su trasposición en Normas estatales y regionales de cada Estado miembro, léase en el caso español las Normas Básicas de Edificación, que posteriormente derivan en la Ley de Ordenación de la Edificación y el compendio del Código Técnico de Edificación) nos hemos ido dotando progresivamente de un marco regulador, en materia de construcción de edificios, que promueve la excelencia en las prestaciones de los mismos, en términos de aislamiento climático y fónico, de accesibilidad o de resistencia, sismicidad, estabilidad y durabilidad.

Desgraciadamente (y desde siempre), los responsables de la gestión pública del parque de vivienda han/hemos caído, unos tras otros (bajo cualquier ideología), en el “culto al ladrillo”, en lugar de atender a las personas y sus necesidades.

Nuestros continuos urbanos, básicamente los metropolitanos, están viviendo un acelerado proceso de transformación, que incide directamente en el Modelo de Movilidad tradicional imperante, derivado del Urbanismo nacido de la “deformación” de la Carta de Atenas (del que fueron exponentes destacables Lucio Costa o Le Corbusier, p.ej.), por el impacto que ha supuesto la masificación de la tenencia y uso del vehículo privado.